Acusado por “ayuda e incitación a la entrada no autorizada en Italia” por su trayectoria en el barco de rescate iuventa, Beigui se enfrenta junto a tres compañeras, a un pena de veinte años de prisión. El activista denuncia que miles de personas migrantes son encarceladas injustamente en Europa por los mismos cargos, sin que a nadie parezca importarle.
Dariush Beigui es uno de los acusados en el caso iuventa, el mayor proceso judicial contra organizaciones de salvamento marítimo civil en Italia. Junto con Kathrin Schmidt, Sascha Girke y Uli Tröder, Dariush se enfrenta a una pena de veinte años de prisión por los cargos de “ayuda e incitación a la entrada no autorizada” en Italia y una multa de 15.000 euros por persona rescatada. El iuventa operó en el Mediterráneo central entre 2016 y 2017, rescatando a más de 14.000 personas en peligro en el mar. El buque, que fue incautado en agosto de 2017, sigue bajo custodia de las autoridades italianas.
El proceso judicial, que se encuentra actualmente en fase preliminar, e incluye también a las organizaciones Save The Children y Médicos sin Fronteras, es el único que sigue abierto tras la ola de criminalización de la solidaridad iniciada en Italia en 2017. La fiscalía acusa a la tripulación del iuventa de haber colaborado con los traficantes de personas, habiendo acordado con ellos la transferencia de personas en el mar. Tanto el Ministerio del Interior como la Oficina del Primer Ministro solicitaron participar en el juicio como acusación privada, alegando “daños financieros y morales” derivados de las supuestas acciones de las acusadas. Esto confirmó lo que abiertamente respondía un policía tras ser preguntado por el enorme dispositivo policial desplegado en el Juzgado: “este es un juicio político”.
Hablamos con Dariush sobre la criminalización de la migración y la solidaridad, y las violencias del régimen de fronteras de la Unión Europea.
Participar en las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo Central ha significado para ti estar bajo presión durante los cinco años que ha durado la investigación. Ahora te enfrentas a una condena de 20 años de prisión, pero destacas que tus recursos para hacer frente a esta realidad parten de una situación de privilegio.
Totalmente. Para mi esta realidad es terrible. Sé que aunque vaya a la cárcel, no tengo nada que temer. Si al final del juicio hay una sentencia condenatoria recibiré apoyo, la gente mostrará su solidaridad. Durante la investigación y durante la audiencia preliminar están habiendo muchas muestras de solidaridad, manifestaciones, artículos en prensa. Incluso hemos recibido premios. Pero hay miles de personas migrantes en prisión en Italia, en Grecia y España, condenadas con los mismos cargos, y prácticamente nadie piensa en ellas, nadie habla de ellas.
De cada barco que llega a través del Mar Egeo, del Mediterráneo Central o el Atlántico, una persona va a juicio y va a la cárcel. Van a la cárcel durante mucho tiempo. En Grecia, la duración media de los juicios es de 38 minutos y la condena media de 48 años de prisión y 396.687,50 euros. La mayoría de la gente no lo sabe y a la mayoría no le importa. Ni siquiera a la izquierda le importa. Pero cuando son algunas personas europeas las que tienen algo de estrés con las acusaciones, reaccionan y dicen que este sistema es injusto. Es una vergüenza. Ya que nos quieren llevar a juicio, y ya que solo por ser europeos los medios van a hablar de nosotras, por lo menos queremos aprovechar la oportunidad para hablar de aquellas a las que se silencia. Para mí es una de las cosas importantes de este juicio.
Diferentes organizaciones critican la legislación europea que regula los delitos vinculados con los cruces no autorizados de las fronteras, apuntando que en la práctica se utiliza para criminalizar a las mismas personas que migran y a aquellas que muestran su solidaridad. ¿A quién afecta y cuál es el objetivo político de esta legislación?
La mayoría de las personas detenidas y condenadas por cargos de “ayuda a la inmigración no autorizada” son personas migrantes. Hay miles de personas en la cárcel en Italia, en Grecia, en España. Los estudios estiman que la policía italiana ha detenido a más de 2.500 personas migrantes por estos cargos desde 2013, y en Grecia al menos 1.905 personas estaban condenadas en las cárceles griegas en 2019. Una publicación reciente estima que casi 10.000 personas están en prisión en Europa por estos cargos. Al final meten a la gente en la cárcel y dicen, “hemos arrestado a los traficantes de personas”. Pero las personas que están en prisión no son traficantes, y ellos lo saben. Como saben que nosotros no somos criminales.
La Unión Europea intenta poner el foco en la criminalización de las personas que “facilitan la entrada” para ocultar lo que es verdaderamente importante. Lo que debería estar todos los días en los titulares es que la gente vive en campos del infierno, como en Libia, y necesita salir de ellos. La gente se pregunta si trabajamos con los traficantes o no pero, ¿cómo es posible que ésta sea la pregunta? No es importante.
¿Por qué no se preguntan por qué la Unión Europea financia los campos de refugiados en Libia, por ejemplo? Campos donde se cometen crímenes contra la humanidad, como la misma ONU ha constatado ¿por qué no se preguntan por qué la Unión Europea financia a los llamados guardacostas libios, para que impidan que la gente pueda salir de ese infierno? Estas deberían ser las preguntas. Y las respuestas apuntan a las políticas europeas, que obliga a las personas a pasar por Libia, donde corren el riesgo de ser detenidas por años, secuestradas, torturadas. Las políticas europeas que obligan a la gente a utilizar a los traficantes para salir de los campos e ir al mar, poniendo su vida en riesgo. Todo este sufrimiento es consecuencia del racismo europeo.
Desde la llegada de Meloni al gobierno en Italia se ha reactivado la guerra contra las ONGs de búsqueda y rescate. En los medios se vuelven a escuchar discursos criminalizadores que vinculan a las ONGs a los traficantes, o las responsabilizan como causantes de las entradas no autorizadas en el país. ¿Cuál es vuestra estrategia para contrarrestar esta narrativa?
Cuestionan que barcos abarrotados, que no son aptos para la navegación, tengan necesidad de ser rescatados. Plantean que la razón por la que las personas cruzan el Mediterráneo central hacia Europa es porque los barcos de las ONGs están ahí, el famoso “factor de atracción”. Ellos plantean preguntas estúpidas, y nosotros empezamos a responder a sus estupideces. Éste es nuestro gran error. En el momento que empezamos a reaccionar a su narrativa, perdemos.
Lo primero es que la gente no debe ahogarse, esa es la razón por la que vamos allí. Pero al final lo importante es que la gente no tenga que huir de su casa. La gente se va de su casa por muchas razones, pero nadie se va de su casa en Gambia porque hay un barco en el Mediterráneo Central. Es realmente importante que la gente de Europa se dé cuenta de que nuestro estilo de vida obliga a la gente a dejar su casa. El mundo entero trabaja para Europa y el mundo entero es explotado por Europa todavía desde hace 500, 600 u 800 años. Y la gente huye porque nosotros, todos nosotros, somos responsables de que la gente ya no pueda vivir en su lugar. Aunque lo intentes y quieras, mientras vivas en Europa eres responsable. Tenemos que cambiar el enfoque de la solidaridad por el enfoque de la responsabilidad política.
La violencia en las fronteras europeas sigue aumentando. Algunos medios de comunicación y activistas hablan de un “aumento sin precedentes de la violencia” ¿Cómo analizas los cambios en la violencia del régimen de fronteras europeo en los últimos años?
Está ocurriendo en todas las fronteras de Europa. En todas partes se comportan de forma abiertamente ilegal y abiertamente en contra de todo lo que Europa pretende defender. Siempre han hecho un montón de cosas de mierda, pero han intentado que nadie lo vea. En los últimos dos años, algo ha cambiado y ya no les importa que todo el mundo lo vea.
En Grecia, hay videos que muestran cómo las personas son atacadas en el mar por los guardacostas griegos, y luego son abandonados en balsas salvavidas sin motor para que los rescaten los guardacostas turcos. En la Frontera Sur de España expulsan ilegalmente a cientos de personas, incluidos menores no acompañados. Los golpean. Los atrapan y gasean con la colaboración de la policía marroquí. En los últimos meses muestran claramente que no les importa ninguna ley. Se sienten impunes. En mi opinión, hace 10 o 15 años no se atreverían a hacerlo tan a menudo, tan público.
Pero además tienen la capacidad de ejercer violencia de forma “legal”, principalmente a través de los procesos de externalización de las fronteras. Continúan contratando a milicias, paramilitares fuera de territorio europeo, en Libia, Turquía, Marruecos, Egipto, Níger, etc. Estos acuerdos son los responsables de la violencia contra las personas migrantes, porque a pesar de que las órdenes vienen de los altos cargos en Europa, son ejecutadas por los policías y guardacostas extranjeros. Eso les permite lavarse las manos.
Hace unas semanas el gobierno de ultraderecha italiano aprobó un decreto que obliga a los barcos de las ONGs a volver a tierra inmediatamente después del primer rescate, normalmente 30 o 40 personas, a pesar de que tienen capacidad para rescatar hasta 400 o 500 personas. Les asignan después puertos que están a cuatro o cinco días de navegación. El nuevo decreto les permite detener a los barcos de rescate por supuestas “infracciones” y obligarles a pagar multas desorbitadas. El objetivo del decreto es vaciar el mar de barcos de rescate, para eliminar testigos y sabemos que eso solo puede significar más muertes. El único crimen es el régimen fronterizo, y son los responsables políticos, las empresas que se benefician, las que deberían sentarse en el banquillo. Ellos son los criminales y hay mucha gente trabajando para apuntarlos y hacer justicia.